Primera lectura de la extraña e ilegal decisión de la Corte que suspende una restitución.
por Carlos ALVAREZ COZZI
EL CASO. En reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, (*) ante un recurso de revisión, en verdad improcedente, interpuesto por la madre de la niña a ser restituida a España por sentencia judicial firme, la Corporación decidió admitirlo y ya raudamente su presidente expresó que no era un rechazo de la restitución sino una suspensión para analizar los argumentos de la madre que se opone a la misma a pesar de existir decisión firme, y que esa situación podría mantenerse durante varios meses.
1)ANTECEDENTES.
La niña fue retenida ilícitamente por su madre en 2016, al quedarse en Uruguay luego de vencido el tiempo del permiso para viajar otorgado por el padre, desde su residencia habitual, España, en compañía de su madre, para visitar a su familia materna.
La madre alegó que no volvería al Estado de la residencia habitual de la niña porque el padre ejerció violencia doméstica sobre ella y que incluso había forzado sexualmente a su propia hija.
Ante ello, invocando el art. 13 del vigente Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (razones de salud), se opuso a la restitución.
La juez de Familia 8º. Turno tramitó el proceso conforme a la Ley 18895 de 2012, que regula el procedimiento tanto para los casos en que no haya tratado como para cuando se aplica el Convenio de La Haya que no prevé el propio, a diferencia de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989.
Tramitado el proceso, las resultancias fueron que no se acreditó sobre la niña violación alguna, y ello lo reconoció el propio defensor de la misma, designado por la Sede.
El hecho que haya existido violencia doméstica sobre la madre no es motivo para la no entrega de la menor, conforme el Convenio de La Haya.
DECISION DE PRIMER GRADO.
Así las cosas, la jueza ordenó la restitución internacional de la menor a España, siguiendo el reclamo paterno.
Ante tal decisión se alzó la madre e interpuso el único recurso que la ley citada prevé, que es el de apelación ante el superior.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE FAMILIA.
El tribunal analizó los agravios formulados por la madre perdidosa y resolvió confirmar la sentencia restitutoria con la condición de que el padre no se acercara a la niña restituida hasta 500 metros, en calidad de medida cautelar. Si bien el abuso no estaba acreditado, el tribunal hizo uso de una facultad que le otorga la normativa.
Devuelto el expediente a la Sede de primera instancia para que solicitara a España la prueba de que la condición establecida se habría se cumplir, finalmente en setiembre de 2017, la sede dispuso una interlocutoria dando por cumplida la condición establecida por el tribunal de apelaciones para proceder a la restitución internacional de la niña a España.
RESISTENCIA A LA RESTITUCIÓN.
Enviados los pasajes aéreos por el padre a la niña y a la madre, para el día 4 de octubre del corriente, se fue generando, unos días antes, toda una resistencia de las ONGs feministas para resistir la restitución. Insistiendo con argumentos ya considerados por la Justicia y desechados.
EXTRAÑA E ILEGAL DECISIÓN DE LA CORTE.
Todo hacía persar que los fallos se cumplirían pero sorpresivamente la Suprema Corte de Justicia aceptó un escrito del profesional de la madre invocando el recurso de revisión, el que si bien estaá regulado por el CGP no está previsto por la Ley 18895 sobre Restitución Internacional de Menores, cuyo art. 24 preceptúa claramente que los casos de restitución internacional de menores tendrán solamente dos instancias. (Artículo 24. Impugnaciones.- Serán pasibles del recurso de apelación únicamente la sentencia que disponga el rechazo liminar -en cuyo caso la apelación no se sustancia- y la sentencia definitiva.
En segunda instancia podrá convocarse a audiencia o dictarse decisión anticipada; en este último caso, el plazo para deducir el recurso de aclaración y ampliación será de cuarenta y ocho horas, debiéndose decidir dentro de las cuarenta y ocho horas.
Contra la sentencia de segunda instancia no se admitirá otro recurso.)
Es decir, que la casación ni cualquier otro recurso, y el de revisión lo es, no fueron previstos para estos casos. Y la “ratio juris” de ello justamente fue para agilizar su trámite y evitar que como sucedía ante de 2012, los casos se eternizaran en perjuicio de los menores.
Por lo que el recurso referido debió ser rechazado in límine.
La seriedad y la certeza jurídica habituales del Uruguay han sido puestas en duda por esta decisión de la Corporación. Incluso las infelices declaraciones de prensa de su presidente, para intentar justificar la decisión, agregaron que “la resolución del tema puede dilatarse muchos meses”, lo que demuestra la clara intención de la Corte de no restituir inmediatamente como la normativa citada le obliga.
Se dirá que el recurso de revisión es legal. Sí, pero la Ley 18895 es específica para la restitución internacional de menores y nada dice con respecto a ningún otro recurso admisible luego del fallo de segunda instancia. Y yendo a los antecedentes de la norma, tanto por las opiniones de los legisladores de la Comisión de Asuntos Internacionales como en el plenario de las Cámaras, sumado al informe de la Facultad de Derecho, demuestran que la intención de la norma fue evitar las dilaciones procesales de estos casos que afectan el interés superior de los niños y adolescentes (Art. 9 de la Convención de los Derechos del Niño).
Y descontamos que los ilustrados ministros saben lo que dice la ley y también saben que hay sentencia firme que debe ser cumplida sin más demora, en respeto de los derechos a la restitución que tiene el Estado solicitante y el propio bienestar de la niña, identificable con su interés superior citado.
VI CONCLUSION.
Resulta todo esto muy extraño, porque genera un mal prededente y además porque esta decisión ilegal de la Corte podría fundar un reclamo de España y de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Incluso el Estado uruguayo podría ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento de un tratado, con los peligros consiguientes.
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